La reclamación de los vecinos de Calama, que pretende la anulación de la resolución que aprobó el PdC y la continuidad del procedimiento sancionatorio, estuvo a cargo del abogado Sergio Chamorro y se centró en establecer la incorrecta aprobación de dicho plan de cumplimiento del proyecto “Fábrica de ánodos insolubles de plomo” de Recimat.
Respecto al análisis de la controversia, ésta se basa en que el organismo fiscalizador dejó fuera del programa de cumplimiento dos cargos graves causantes de daño ambiental y lo aprobó solo con las medidas referentes a 16 infracciones.
El Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de La Serena han sido las instituciones con las cuales el Tribunal ha renovado convenios de colaboración.
La determinación tiene como fundamento la susceptibilidad de afectación que representan las diversas actividades y obras del proyecto sobre la comunidad indígena y su sistema de vida y costumbres en función de la ubicación del campamento de la minera, la perforación de 334 pozos de sondaje y las rutas y caminos a utilizar, todo lo cual se emplaza en el territorio habitado ancestralmente por la comunidad.
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