El jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic Verdugo, realizó un completo análisis de los dictámenes del organismo contralor respecto a las facultades de los Municipios.
Esta causa fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental en julio de 2019 y las partes han avanzado en un proceso conciliatorio que ya se encuentra en una fase final con la propuesta realizada por la empresa al Consejo de Defensa del Estado.
En la ocasión, el magistrado español explicó la importancia de métodos alternativos para resolver controversias, entre ellas las medioambientales, que no son propiamente jurisdiccionales y que permiten que las partes lleguen a acuerdos de manera más rápida. “Como conciliadores, mediadores o negociadores podemos romper la armadura rígida que tenemos como jueces”, dijo Ortuño.
La sentencia da respuesta a diversas controversias presentadas por las comunidades indígenas que tienen relación con las nuevas correcciones o mejoras al PdC aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, luego del proceso administrativo sancionador que llevó al organismo fiscalizador a formular cargos contra la empresa por los incumplimientos ambientales.
La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó los recursos de casación en forma y fondo presentados por un grupo de habitantes de Combarbalá en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental.
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