En la ocasión, el magistrado español explicó la importancia de métodos alternativos para resolver controversias, entre ellas las medioambientales, que no son propiamente jurisdiccionales y que permiten que las partes lleguen a acuerdos de manera más rápida. “Como conciliadores, mediadores o negociadores podemos romper la armadura rígida que tenemos como jueces”, dijo Ortuño.
La sentencia da respuesta a diversas controversias presentadas por las comunidades indígenas que tienen relación con las nuevas correcciones o mejoras al PdC aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, luego del proceso administrativo sancionador que llevó al organismo fiscalizador a formular cargos contra la empresa por los incumplimientos ambientales.
La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó los recursos de casación en forma y fondo presentados por un grupo de habitantes de Combarbalá en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental.
Se trata de una medida cautelar conservativa que se dictó en el marco de la demanda por daño ambiental interpuesta por pescadores, buzos mariscadores y macheros de la Región de Coquimbo que aducen que las obras realizadas por la empresa GTD Teleductos para la instalación del cable provocaron diversas varazones de machas.
Las principales controversias de la reclamación dicen relación con los efectos en la salud que podría tener el acopio y embarque del mineral por el material particulado y los gases generados; las emisiones acústicas y su afectación a la población aledaña.
“Este tribunal es de la opinión que se dio íntegro cumplimiento por parte del SEA y el titular (empresa) a la obligación de fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación del proyecto, de conformidad a la ley, así como el deber de establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad”, dijo el ministro presidente
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